Qué es la Ley de Amnistía y a quién afecta realmente
La Ley Orgánica 1/2024 amnistía los delitos relacionados con el procés independentista catalán entre 2012 y 2023, pero con exclusiones importantes. Esto es lo que cubre, lo que no, por qué se aprobó y en qué punto está el debate jurídico.
Qué dice la ley
La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, fue aprobada en votación final por el Congreso el 30 de mayo de 2024, publicada en el BOE el 11 de junio de 2024 y en vigor desde ese mismo día. Amnistía —es decir, extingue la responsabilidad penal, civil y administrativa— por hechos relacionados con el procés independentista catalán cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, un marco temporal que incluye la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia posterior.
A quién afecta y a quién no
Cubre
- Delitos de desobediencia y sedición (ya derogada en 2022, sustituida por figuras de desórdenes públicos agravados) ligados al procés.
- Malversación de caudales públicos, siempre que no haya habido enriquecimiento personal.
- La organización y celebración de los referéndums de 2014 y 2017.
- La declaración unilateral de independencia y actos institucionales derivados.
- Actuaciones de las fuerzas de seguridad y de terceros vinculadas a la respuesta al procés en ese periodo.
Excluye
- El terrorismo, cuando exista sentencia firme condenatoria.
- La malversación con enriquecimiento personal (uso de fondos públicos en beneficio propio).
- La tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
- Los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, exclusión introducida por exigencia del Derecho comunitario.
Por qué se aprobó
La aprobación de una ley de amnistía fue la condición que ERC y Junts per Catalunya pusieron al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que ningún bloque alcanzó la mayoría absoluta. Sin los votos de ambos partidos catalanes —además de los del PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria—, Sánchez no podía ser investido. El compromiso de tramitar la amnistía se firmó en los respectivos acuerdos de investidura de noviembre de 2023, y el propio Sánchez había descartado públicamente esta medida meses antes de las elecciones.
El debate jurídico y político
El Partido Popular y Vox recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 CE) y que constituye un uso instrumental de la mayoría parlamentaria para beneficiar a los socios de investidura del Gobierno. Distintos jueces que instruyen causas del procés han planteado además cuestiones de constitucionalidad y, en algunos casos, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de aplicar la amnistía a los procesados que tienen ante ellos.
Quienes defienden la ley sostienen que permite cerrar por la vía política un conflicto que los tribunales no han resuelto en más de una década, y que existen precedentes de amnistías en la propia transición española, como la Ley de Amnistía de 1977. Quienes se oponen argumentan que aquella ley de 1977 tuvo un carácter y un contexto distintos —el paso de una dictadura a una democracia—, y que esta amnistía beneficia a personas concretas con nombres y apellidos por razones de aritmética parlamentaria, no por un cambio de régimen político.
En qué punto está
El Tribunal Constitucional ya resolvió el recurso del PP y Vox en la Sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025: el Pleno avaló la ley en su conjunto, con dos excepciones —declaró inconstitucional, aunque no nulo, el artículo 1.1, por excluir sin justificación objetiva a quienes actuaron para oponerse al procés o a las consultas de 2014 y 2017 (un defecto que el propio Tribunal considera subsanable), y declaró inconstitucional y nulo el segundo párrafo del artículo 1.3, que permitía amnistiar conductas posteriores a la aprobación de la ley—. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió el 16 de julio de 2026 dos cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas (asuntos C-666/24 y C-523/24): rechazó que la ley vulnere los intereses financieros de la UE o la normativa europea contra el terrorismo, aunque consideró contrario al Derecho comunitario que se obligara a los jueces a resolver en un plazo perentorio y a levantar medidas cautelares incluso con una cuestión prejudicial todavía pendiente ante Luxemburgo. Tras este respaldo europeo ha aumentado la probabilidad de que el Tribunal Constitucional revoque la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación en las causas del procés, una decisión que podría demorarse hasta el otoño de 2026. La ley, por tanto, ha sido avalada en lo esencial tanto por el Tribunal Constitucional como por el TJUE, aunque persisten flecos judiciales abiertos, en particular sobre la malversación.