Lo que dijeron.
Lo que hicieron.

El Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar incluyó entre sus compromisos elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.200 euros mensuales antes de que termine la legislatura. El Real Decreto 145/2024, publicado en el BOE el 7 de febrero de 2024, fijó el SMI en 1.134 euros brutos al mes en catorce pagas —equivalentes a unos 1.323 euros en cómputo de doce pagas—, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Supone una subida del 5% sobre los 1.080 euros vigentes en 2023 y sitúa el SMI español en su nivel más alto en términos nominales. El Ministerio de Trabajo sostiene que, con esta cifra, España cumple la recomendación de la Carta Social Europea de fijar el SMI en el 60% del salario medio, y no ha convocado una nueva mesa de diálogo social para acercarse a los 1.200 euros anunciados. A la fecha de esta verificación no se ha aprobado ninguna subida adicional. Con la documentación oficial disponible, la promesa se considera cumplida en su objetivo de subir el salario mínimo, aunque la cifra exacta de 1.200 euros prometida no se ha alcanzado.

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, en la votación final del 30 de mayo de 2024. La norma se publicó en el BOE el 11 de junio de 2024 y entró en vigor ese mismo día. Amnistía los delitos relacionados con el procés independentista catalán cometidos entre 2012 y noviembre de 2023 —incluida la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia—, con exclusiones expresas para el terrorismo con condena firme y ciertos casos de malversación con enriquecimiento personal. Su aprobación fue uno de los compromisos que el PSOE asumió con ERC y Junts a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El Partido Popular y Vox recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional por, a su juicio, vulnerar el principio de igualdad ante la ley. El Pleno del Tribunal resolvió el recurso en la Sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025, que avala la ley en su conjunto salvo en dos puntos: declara inconstitucional, aunque no nulo, el artículo 1.1 —por excluir sin justificación objetiva a quienes actuaron para oponerse al procés o a las consultas de 2014 y 2017, un defecto que el propio Tribunal considera subsanable integrando ese supuesto omitido—, y declara inconstitucional y nulo el segundo párrafo del artículo 1.3, que permitía amnistiar conductas posteriores a la aprobación de la ley. La aprobación de la norma, como compromiso legislativo, está cumplida, y su constitucionalidad ha quedado avalada por el Tribunal Constitucional con esos dos matices.

El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar incluía reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial antes de que acabara la legislatura. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 6 de mayo de 2025, tras un acuerdo previo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT que no contó con el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme. El texto se remitió al Congreso para su tramitación, pero el 10 de septiembre de 2025 la Cámara no votó la ley en sí, sino las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Junts per Catalunya y UPN, que prosperaron con 178 votos a favor frente a 170 en contra. Al aprobarse esas enmiendas, el proyecto de ley —que incluía también cambios en el registro horario y el derecho a la desconexión digital— quedó devuelto al Gobierno y su tramitación parlamentaria, retirada y paralizada. A la fecha de esta verificación no existe un calendario oficial para una nueva tramitación, y la jornada laboral máxima legal en España sigue siendo de 40 horas semanales de media en cómputo anual. El Gobierno ha reiterado públicamente su intención de retomar la medida, pero sin haber presentado un nuevo proyecto de ley. Con los datos disponibles, la promesa se considera incumplida: su tramitación fue rechazada y no está en vigor.

El Gobierno de coalición aprobó la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que creó sendos gravámenes temporales sobre los grandes bancos y las grandes empresas energéticas para los ejercicios 2022 y 2023, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2022. Desde entonces los dos tributos han seguido caminos opuestos. El de la banca se ha consolidado: el Gobierno pactó un nuevo impuesto bancario a tres ejercicios (2024 a 2026, con pagos entre 2025 y 2027) dentro de un paquete fiscal más amplio que sí logró validar el Congreso. El de las energéticas, en cambio, ha fracasado como tributo diferenciado: la Ley 7/2024 derogó la versión original de 2022, y el Real Decreto-ley 10/2024 que pretendía sustituirla por un nuevo gravamen del 1,2% para 2025 fue derogado por el propio Congreso el 22 de enero de 2025 —165 votos a favor de mantenerlo frente a 183 en contra, con PP, Vox, PNV y Junts sumando sus votos para tumbarlo—, por lo que las grandes energéticas no han estado sujetas a un gravamen específico de este tipo durante 2025 ni 2026. Con la documentación oficial disponible, la promesa de gravar a la banca y a las energéticas se considera cumplida solo parcialmente: el impuesto a la banca sigue vigente y se ha reforzado, mientras que el gravamen específico a las energéticas ha decaído por falta de apoyo parlamentario.

La DANA que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 provocó la peor catástrofe de este tipo en España en décadas. El Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), dependiente de la Generalitat Valenciana, envió el aviso ES-Alert a los teléfonos móviles a las 20:11 horas de ese día, cuando en numerosas zonas la riada ya había comenzado; la oposición y asociaciones de víctimas han sostenido que un aviso más temprano habría reducido el número de fallecidos. El entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), reconoció públicamente fallos en la gestión —entre ellos no haber suspendido su agenda institucional ese día— y atribuyó parte de la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Sometido a una intensa presión social y política tras el funeral de Estado por las víctimas, Mazón anunció su dimisión el 3 de noviembre de 2025; le sucedió Juanfran Pérez Llorca (PP), investido en diciembre de 2025 con el apoyo de Vox. Según el auto del juzgado de instrucción de Catarroja, la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a 232 personas en septiembre de 2026. La causa judicial sobre la gestión de la emergencia sigue abierta.

El PSOE, con el apoyo de sus socios de investidura, aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, publicada en el BOE el 25 de mayo de 2023. Es la primera ley estatal específica de vivienda de la democracia española y permite a las comunidades autónomas declarar "zonas de mercado residencial tensionado" en las que se pueden limitar las subidas de alquiler mediante un índice de referencia, así como aplicar recargos en el IBI a viviendas vacías de grandes propietarios. Su aplicación efectiva depende de que cada comunidad autónoma decida declarar zonas tensionadas y active los mecanismos previstos: Cataluña ha sido la principal comunidad en aplicarla de forma amplia, mientras que comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, no han declarado zonas tensionadas y han criticado la ley por invadir competencias autonómicas. Con la documentación oficial disponible, la promesa de aprobar una ley de vivienda con control de alquileres se considera cumplida a nivel estatal, si bien su aplicación real es muy desigual entre comunidades autónomas.

Vox concurrió a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 con un programa de 179 páginas, titulado "Un programa para lo que importa", que incluía medidas como la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la expulsión de inmigrantes en situación irregular, la supresión del Ministerio de Igualdad, la eliminación del actual modelo autonómico, la derogación de la Ley del aborto y la supresión del Tribunal Constitucional como órgano independiente. Vox obtuvo 33 escaños, quedó en la oposición y no ha formado parte de ningún gobierno estatal desde entonces, por lo que carece de capacidad legislativa propia para impulsar estas medidas: sus iniciativas dependen de lograr mayorías con otros grupos, algo que no se ha producido en el Congreso para ninguna de ellas. El propio Tribunal Constitucional rechazó, el 18 de junio de 2024, un recurso presentado por Vox contra la reforma de la ley del aborto, avalando que las menores puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno desde los 16 años. Con la documentación disponible, el conjunto de promesas de Vox en esta legislatura se considera mayoritariamente incumplido, por la imposibilidad estructural de un partido en la oposición sin socios de gobierno para legislar en solitario.

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 repartieron los 350 escaños del Congreso así: PP, 137; PSOE, 121; Vox, 33; Sumar, 31; ERC, 7; Junts per Catalunya, 7; EH Bildu, 6; EAJ-PNV, 5; Coalición Canaria, 1; BNG, 1; y UPN, 1. Ningún partido alcanzó la mayoría absoluta de 176 escaños. Pedro Sánchez (PSOE) fue investido presidente del Gobierno el 16 de noviembre de 2023 con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. La composición de los grupos parlamentarios, sin embargo, no es fija durante toda la legislatura: en agosto de 2023 se produjeron cesiones de diputados entre el PSOE y Junts, y entre Sumar y ERC, para que ambos alcanzaran el número mínimo de escaños necesario para constituir grupo propio. En febrero de 2024, los cinco diputados de Podemos abandonaron el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tras discrepancias internas y pasaron a integrar el Grupo Mixto, donde siguen operando como fuerza independiente. El reparto de escaños por partido en la votación de 2023 es un dato electoral fijo y verificable; la composición de los grupos parlamentarios ha variado a lo largo de la legislatura.

El SMI ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026 (todas las cifras en catorce pagas), según los sucesivos reales decretos publicados en el BOE: 900€ en 2019, 950€ en 2020 y 2021 (congelado por la pandemia), 1.000€ en 2022, 1.080€ en 2023, 1.134€ en 2024, 1.184€ en 2025 y 1.221€ en 2026 (Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, BOE-A-2026-3815). Se trata de un incremento acumulado de 485,10 euros, equivalente a una subida del 66% en ocho años, uno de los mayores incrementos sostenidos de la serie histórica del SMI. Sin embargo, "duplicarse" implica una subida del 100% o superior, y la subida real, aunque considerable, se queda por debajo de esa cifra: para haberse duplicado, el SMI de 2026 debería rondar los 1.472 euros. La afirmación exagera la magnitud de una subida que, de por sí, ya es la más pronunciada en varias décadas según los propios datos oficiales del SEPE y el Ministerio de Trabajo.

El CIS, organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia y dirigido por José Félix Tezanos, publicó dos estudios distintos antes del 23 de julio de 2023. El preelectoral oficial, con trabajo de campo cerrado el 5 de julio, dio un empate técnico con una leve ventaja del PP: 31,4% frente al 31,2% del PSOE, apenas dos décimas de diferencia. Días después, el 17 de julio, el CIS difundió una segunda encuesta —una "flash" más cercana a la fecha de la votación— que sí daba como ganador al PSOE, con el 32,2% de voto estimado frente al 30,8% del PP, una ventaja de 1,4 puntos; fue este segundo estudio, el más citado y el que más repercusión mediática tuvo, el que se conoce popularmente como "la encuesta del CIS" sobre el 23J. El resultado real de las elecciones fue una victoria del PP, con el 33% de los votos y 137 escaños, seguido del PSOE con 121 escaños; ningún partido alcanzó la mayoría absoluta. La encuesta flash del 17 de julio, la de mayor repercusión, no acertó qué partido sería el más votado; el preelectoral del 5 de julio sí apuntaba, por un margen mínimo, al ganador correcto, aunque como un empate técnico que infravaloraba la distancia real de casi tres puntos entre ambos partidos. La discrepancia entre ambos estudios y el resultado final reavivó el debate sobre la fiabilidad de los barómetros del CIS bajo la presidencia de Tezanos.

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, creado por la Ley 38/2022 y convertido en indefinido por el Real Decreto-ley 8/2023, grava los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. En su primer ejercicio, 2023, recaudó 623 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda, con Madrid aportando en torno al 89% del total porque esa comunidad tenía entonces bonificado al 100% su propio Impuesto sobre el Patrimonio. En 2024 la recaudación se desplomó a solo 38 millones de euros, una caída de casi el 95%, después de que Madrid, Andalucía y Galicia reactivaran su Impuesto de Patrimonio autonómico: como la cuota pagada a la comunidad autónoma se descuenta de la cuota estatal, la recaudación migró del Estado a esas comunidades sin que las grandes fortunas dejaran de tributar por su patrimonio. La afirmación es cierta solo para el primer año de aplicación; en 2024 la recaudación del tributo estatal fue prácticamente residual, aunque el patrimonio siguió gravado por la vía autonómica en su lugar.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, permite a las comunidades autónomas declarar "zonas de mercado residencial tensionado" donde se limitan las subidas de alquiler mediante un índice de referencia. Cataluña es, con diferencia, la comunidad que más ha aplicado este mecanismo: declaró 140 municipios tensionados en marzo de 2024 (BOE-A-2024-5214) y amplió la lista con 131 municipios más en octubre de 2024 (BOE-A-2024-20576), hasta un total de 271 localidades donde rige el control de alquileres. A esa lista se han sumado, con un alcance mucho menor, el País Vasco (17 municipios, entre ellos Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz), Navarra (21 municipios desde julio de 2025, incluida Pamplona) y Galicia (únicamente A Coruña). Más de una decena de comunidades autónomas —entre ellas Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares— no han declarado ninguna zona tensionada, y varias gobernadas por el PP han cuestionado públicamente la ley por invadir competencias autonómicas en materia de vivienda. La aplicación real de la norma depende por completo de la voluntad de cada gobierno autonómico, lo que produce un mapa muy desigual: más de 300 municipios con control de rentas, concentrados sobre todo en Cataluña, frente a una mayoría del territorio español donde el mecanismo no se aplica en absoluto.

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, reformó los contratos de duración determinada y reforzó el contrato fijo discontinuo. Su efecto inicial fue muy marcado: la tasa de temporalidad cayó más de 8 puntos porcentuales en los seis trimestres posteriores a su entrada en vigor, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, acercando a España a la media de temporalidad de la UE-27 tras décadas liderando ese ranking en sentido negativo. Sin embargo, esa caída se ha frenado con claridad: entre 2023 y 2024 la tasa de temporalidad solo bajó un punto porcentual, según la propia EPA. Parte del ajuste, además, se ha trasladado al contrato fijo discontinuo, una modalidad que combina en la práctica periodos de actividad e inactividad y cuyo peso ha crecido de forma notable en la contratación desde la reforma, según la propia EPA del INE, aunque esta verificación no ha podido confirmar contra las tablas oficiales del INE una cifra exacta de ese peso porcentual por año, por lo que no se ofrece aquí ese dato desglosado. La reforma sí produjo una reducción drástica e inicial de la temporalidad, pero la afirmación de que "sigue bajando con fuerza cada año" no se sostiene con los datos más recientes.

El Gobierno formado tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 quedó compuesto, según anunció la Presidencia del Gobierno el 20 de noviembre de 2023, por cuatro vicepresidencias y 22 ministerios. De los 22 puestos ministeriales, 12 fueron ocupados por mujeres y 10 por hombres, lo que confirma que hay más ministras que ministros en el conjunto del Ejecutivo. Por reparto entre los dos socios de coalición, 17 carteras corresponden al PSOE y 5 a Sumar, quedando Podemos fuera del Gobierno tras la ruptura de la coalición electoral previa a las elecciones. Se trata del Gobierno con más vicepresidencias de la serie reciente, una más que en la etapa final de la legislatura anterior. La composición exacta —qué ministerio corresponde a cada persona y partido— está publicada de forma oficial en la web de La Moncloa y se ha actualizado con las remodelaciones gubernamentales que afectaron a distintas carteras a lo largo de 2024 y 2025.

A lo largo de la XV Legislatura, iniciada en agosto de 2023, el recurso al decreto-ley como fórmula legislativa ha ido en aumento curso tras curso: se convalidaron 7 decretos-ley en el curso 2023-2024, 16 en el curso 2024-2025 y 21 en el curso 2025-2026, según el recuento de la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados. En paralelo, el ritmo de aprobación de leyes ordinarias —que requieren una tramitación más larga y expuesta a enmiendas y votaciones inciertas— se ha mostrado más lento que en legislaturas con mayorías más amplias: a mitad de legislatura se habían publicado 42 leyes en el BOE, y en 2025 se aprobaron 13 leyes frente a 14 reales decretos-ley, un equilibrio inédito hasta ahora a favor del decreto-ley. El Gobierno ha recurrido a esta vía, reservada constitucionalmente para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", en un contexto de fragmentación parlamentaria y de dificultad recurrente para sacar adelante proyectos de ley completos, incluida la propia reducción de la jornada laboral.

España cerró 2023 con un déficit público del 3,66% del PIB (53.556 millones de euros), según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Para 2024, el objetivo comprometido con la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad era situarlo en el 3%. Según el avance de ejecución presupuestaria publicado el 27 de marzo de 2025, el déficit de 2024 cerró en el 3,15% del PIB (50.187 millones de euros); descontando el gasto extraordinario destinado a paliar los daños de la DANA de Valencia —que no computa a efectos de las reglas fiscales europeas—, el déficit ajustado fue del 2,8% del PIB. En cualquiera de las dos lecturas, España se sitúa en el entorno del objetivo del 3% o por debajo, y es la primera vez desde 2018 que el país queda por debajo del umbral de déficit excesivo fijado por la Unión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las previsiones macroeconómicas y fiscales del Gobierno para este ejercicio.

Según los balances del Ministerio del Interior, en 2023 llegaron a España 56.852 personas de forma irregular por vía marítima o terrestre (incluyendo Ceuta y Melilla), un 82,1% más que las 31.219 registradas en 2022, y la cifra más alta desde 2018 (64.298). La tendencia continuó al alza en 2024: el balance oficial de cierre de año del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2024, sitúa el total de llegadas irregulares en 63.970 personas, un 12,5% más que en 2023. El aumento fue más pronunciado en la ruta canaria, con 46.843 llegadas en 2024, un 17,4% más que el año anterior. Estos datos proceden de los balances anuales y los informes quincenales que el Ministerio del Interior publica en su Portal de Transparencia, y se refieren específicamente a llegadas irregulares en embarcaciones u otras vías no autorizadas, no al total de la inmigración regular ni a las cifras de residentes extranjeros en España, que siguen dinámicas y fuentes estadísticas distintas (el padrón municipal y las estadísticas de residencia del INE). El aumento de las llegadas irregulares entre 2022 y 2024 está, por tanto, verificado con fuente oficial, aunque su ritmo se moderó en 2024 frente al fuerte repunte de 2023.

España tiene asignados 163.801 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la pieza central de los fondos Next Generation EU. A junio de 2024, el país había comprometido 103.051 millones de euros, un 62,9% del total asignado, y a mayo de 2025 había recibido más de 48.000 millones en transferencias efectivas de Bruselas tras el cumplimiento de los hitos correspondientes. Sin embargo, "comprometer" o "recibir" de la UE no equivale a que ese dinero haya llegado a la economía real: según datos de la Intervención General del Estado (IGAE), de los 34.134 millones presupuestados para desembolsar en 2024, solo llegaron a la economía real 7.538 millones, un 22% de lo previsto para ese ejercicio, el peor ritmo de ejecución anual desde el inicio del programa. Existe, por tanto, una diferencia relevante entre el dinero que España ha recibido y comprometido de la UE —una mayoría del total asignado— y el que efectivamente ha llegado a empresas, ayuntamientos y ciudadanos a través de convocatorias ejecutadas, que avanza a un ritmo bastante más lento.

Según el recuento propio de esta web a partir de las fichas de seguimiento de cada partido, de las 70 promesas electorales verificadas en total, el PSOE acumula 3 marcadas como cumplidas, 7 en curso, 2 incumplidas y 1 sin datos suficientes, la cifra más alta de promesas cumplidas de todos los partidos con ficha en Politicheck. Sin embargo, Vox no es el único sin ninguna promesa cumplida: de sus 14 promesas verificadas, 6 están incumplidas y 8 sin datos suficientes, pero Sumar (0 de 8), ERC (0 de 2) y EH Bildu (0 de 2) tampoco tienen ninguna marcada como cumplida en sus fichas. Vox, ERC y EH Bildu son partidos de la oposición sin ninguna vía de gobierno para ejecutar su programa; el caso de Sumar es distinto, ya que su líder, Yolanda Díaz, es vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo dentro del Gobierno de coalición, pese a lo cual ninguna de sus promesas insignia con ficha propia figura todavía como cumplida. En conjunto, de las 70 promesas verificadas en el sitio, 9 están cumplidas, 25 en curso, 13 incumplidas y 23 sin datos suficientes. Esta afirmación se contrasta contra los criterios de verificación propios descritos en la página de Metodología de Politicheck, no contra una fuente externa independiente.

Las balanzas fiscales son el cálculo de cuánto aporta cada comunidad autónoma en impuestos al Estado y cuánto recibe de vuelta en gasto público. El último ejercicio de balanzas fiscales publicado de forma oficial por el Ministerio de Hacienda corresponde al año 2014, calculado con la metodología del "criterio del flujo del beneficio". Desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a publicar una actualización oficial y periódica de esta cifra por comunidad autónoma, pese a ser una demanda recurrente de varios gobiernos autonómicos, especialmente en los debates sobre financiación autonómica. En ausencia de datos oficiales actualizados, distintos centros de estudios económicos —como Fedea o el Instituto de Estudios Fiscales— elaboran sus propias estimaciones no oficiales: según cálculos de Fedea referidos al periodo 2019-2021, la Comunidad de Madrid aportaría entre 15.000 y 22.000 millones de euros más de lo que recibe cada año, la cifra más alta de todas las comunidades. Estas estimaciones son una referencia útil, pero no sustituyen a una balanza fiscal oficial, que no se publica de forma regular desde hace más de una década.

La deuda de las Administraciones Públicas cerró 2023 —año de constitución de la actual legislatura, tras la investidura de noviembre— en el 107,7% del PIB, según los datos certificados por el Banco de España, tres décimas por debajo de la previsión del Gobierno del 108,1%. Desde entonces la ratio ha descendido de forma sostenida: el supervisor certificó un 101,6% del PIB en marzo de 2026, un 101% en abril y un 100,2% en mayo de 2026 —el dato mensual más reciente publicado—, con una deuda en términos absolutos en torno a 1,74 billones de euros y un crecimiento interanual del saldo del 4,4%. Se trata de un descenso de 7,5 puntos porcentuales en poco más de dos años, impulsado sobre todo por el crecimiento del PIB nominal y el aumento de la recaudación, más que por una reducción del gasto público en términos absolutos. Pese a esta trayectoria descendente, la deuda pública española continúa por encima del 100% del PIB en el último dato disponible del Banco de España, por lo que la afirmación de que ya ha bajado de ese umbral durante la legislatura no se sostiene con los datos oficiales a la fecha de esta verificación.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, España cerró el segundo trimestre de 2026 con 22.779.000 personas ocupadas, un máximo histórico de la serie, tras sumar 486.000 empleos en el trimestre. La tasa de paro se situó en el 9,87%, la primera vez que baja del 10% en un segundo trimestre desde 2008, con 2.495.300 personas desempleadas. En paralelo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones certificó que la afiliación media a la Seguridad Social superó por primera vez los 22,3 millones de personas en mayo de 2026, tras un incremento interanual de 553.431 afiliados (+2,54%), el mayor ritmo de crecimiento en más de dos años; el propio Ministerio destaca máximos históricos de afiliación entre jóvenes, mujeres, hombres, autónomos y trabajadores extranjeros. España encadena así cuatro años consecutivos sumando en torno a medio millón de afiliados por ejercicio. Con la documentación oficial del INE y del Ministerio de Inclusión, la afirmación de que la legislatura ha traído récords de empleo y afiliación se considera verdadera, si bien la cifra de paro, aunque en mínimos desde 2008, se mantiene entre las más altas de la Unión Europea en términos comparados.

En abril de 2023 el entonces presidente Pedro Sánchez anunció la construcción de 184.000 viviendas públicas a través de distintos mecanismos —el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el suelo de la extinta Sepes y otros programas—, dirigidas mayoritariamente al alquiler asequible. En septiembre de 2026, La Moncloa presentó el primer portal del parque público estatal de vivienda, bautizado Casa 47, sucesor de Sepes tras su reestructuración; en su lanzamiento oficial del 7 de septiembre de 2026, el propio Gobierno anunció que el portal ofrecía inicialmente en torno a 800 viviendas disponibles. Por separado, los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana muestran que la construcción de vivienda protegida a nivel nacional —no solo la de iniciativa estatal prometida por Sánchez— pasó de 14.371 calificaciones definitivas en 2024 a solo 11.104 viviendas protegidas terminadas en 2025, un descenso del 22,7%. El Gobierno no ha publicado hasta la fecha una cifra oficial y acumulada de cuántas de las 184.000 viviendas anunciadas en 2023 han sido efectivamente entregadas, una ausencia de datos verificada por organizaciones de verificación de hechos. Con la información oficial disponible —un portal que ofrece unos 800 pisos frente a las 184.000 prometidas, y una producción nacional de VPO a la baja—, la promesa se considera incumplida en su plazo y magnitud inicial.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno el 27 de abril de 2021, articula 110 inversiones y 102 reformas financiadas con fondos Next Generation EU, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta 2026 y una dotación total de unos 163.000 millones de euros en transferencias y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Tras el sexto desembolso —6.234 millones de euros, recibidos el 11 de agosto de 2026, de los que 5.226 millones son transferencias (incluidos 265 millones pendientes del quinto desembolso) y 1.008 millones son préstamos—, el Ministerio de Hacienda cifra en 78.000 millones de euros el total acumulado recibido por España, el 76,5% de los fondos ya tramitados en los seis desembolsos aprobados hasta la fecha. Esa cifra no equivale al techo máximo del plan: el Gobierno prepara ya una séptima y última solicitud de pago, por 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos, con la que España superaría los 100.000 millones de euros recibidos antes de que termine 2026. El 76,5% citado mide, por tanto, el avance sobre lo ya solicitado y aprobado en desembolsos sucesivos, no sobre el conjunto de los cerca de 163.000 millones que España tiene derecho a recibir hasta el cierre del mecanismo, sobre el que el porcentaje ejecutado es notablemente menor.

La crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania disparó el precio medio del mercado mayorista eléctrico español (pool) hasta los 167,53 euros/MWh de media en 2022, según el Informe Anual de OMIE, el operador del mercado eléctrico ibérico, con picos puntuales muy superiores en los meses centrales de ese año. Los datos mensuales de OMIE para 2026 muestran una fuerte moderación: 71,67 euros/MWh en enero, 16,41 en febrero —favorecido por la abundante producción renovable—, 41,71 en marzo, 42,44 en abril y 54,21 en mayo, con una media de esos cinco meses en torno a 45 euros/MWh, apenas algo más de una cuarta parte del precio medio de 2022. Entre los factores de la moderación destacan la caída de los precios del gas natural en los mercados de futuros —de 36,16 euros/MWh en 2025 a 32,92 para 2026— y el mayor peso de la generación renovable en el mix eléctrico. Con los datos oficiales de OMIE, la afirmación de que el precio mayorista se ha reducido a menos de la mitad desde el pico de la crisis energética de 2022 es correcta, e incluso se queda corta respecto a la magnitud real del descenso.

El Gobierno comunicó finalmente a la OTAN que el gasto en defensa de España en 2025 ascendió a 33.920 millones de euros, frente a los 22.693 millones de 2024 (+45%). Con el primer dato de PIB de 2025 del Gobierno (1.685.783 millones), el 2% equivaldría a 33.715,6 millones; con la revisión posterior del INE (1.687.152 millones), a 33.743 millones: en cualquiera de los dos cálculos, España supera el umbral por menos de 200 millones de euros, un margen muy ajustado. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, confirmó que el objetivo del 2% se mantendrá también en 2026, si bien los propios datos de la OTAN situaban a España a la cola de la Alianza en ese indicador. La cifra comunicada, además, incorpora partidas que van más allá del presupuesto tradicional del Ministerio de Defensa: en torno a 10.471 millones de euros corresponden a un Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2025, que incluye gasto en ciberseguridad, protección civil e industria de doble uso, mientras que el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa representa en torno al 1,4% del PIB. España cumplió formalmente el objetivo del 2% con la metodología ampliada acordada con la OTAN y por un margen muy estrecho, pero una parte sustancial de esa cifra corresponde a gasto de seguridad de definición más amplia que el presupuesto militar convencional, por lo que la afirmación se considera parcialmente verdadera.

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual —conocida como ley del "solo sí es sí"—, entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y, al unificar los delitos de abuso y agresión sexual, provocó que numerosos condenados pudieran acogerse a la aplicación retroactiva de la pena más favorable. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, fue publicando recuentos periódicos: 721 rebajas de condena en marzo de 2023, 978 a finales de ese mismo mes y una cifra que llegó a 1.233 rebajas de pena y 126 excarcelaciones en el recuento de noviembre de 2023, ya tras la reforma que el Congreso aprobó en abril de ese año para corregir la norma. Desde entonces, el CGPJ no ha vuelto a publicar una actualización oficial de esta cifra, alegando en su momento que las variaciones ya eran mínimas, por lo que se desconoce el número exacto y actualizado de rebajas a fecha de esta verificación, aunque los tribunales han seguido resolviendo recursos sobre hechos anteriores a la reforma. La afirmación es cierta según el último dato oficial del CGPJ, pero corresponde a un recuento cerrado hace casi tres años, no a una cifra actualizada.

El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, publicado en el BOE, modificó la Ley Orgánica de Extranjería para crear un mecanismo de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas cuando un territorio —en la práctica, sobre todo Canarias, Ceuta y Melilla— se declara en situación de contingencia migratoria extraordinaria. El sistema fija una capacidad total de acogida de 17.081 plazas repartidas entre autonomías, encabezadas por Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Pese al carácter legalmente obligatorio del mecanismo, su aplicación práctica ha generado fricciones: en julio de 2026 el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron un reparto de 35 millones de euros para la acogida de esta infancia migrante, votación en la que estuvieron ausentes tres diputaciones gobernadas por Vox y en la que la Región de Murcia se abstuvo. Varios gobiernos autonómicos del PP y de Vox han cuestionado judicial y políticamente el decreto por considerar que invade competencias propias. El número de menores no acompañados en el sistema de protección ha crecido en torno a un 221% en los últimos ocho años, según cifras oficiales citadas por el Gobierno. Con la documentación oficial, el reparto es obligatorio por ley, aunque su cumplimiento efectivo por parte de todas las comunidades no está garantizado y ha sido objeto de conflicto político y judicial.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, publicada en el BOE (BOE-A-2021-21652) y en vigor desde el 1 de enero de 2022, blindó la revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al IPC medio de los doce meses anteriores, sustituyendo al antiguo índice de revalorización que había limitado las subidas al 0,25% entre 2014 y 2018. En aplicación de esa ley, las pensiones han subido cada año durante toda la legislatura iniciada en noviembre de 2023: un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 (Real Decreto-ley 9/2024) y un 2,7% en 2026, este último fijado por el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, tras la no convalidación en el Congreso de un decreto anterior —el Real Decreto-ley 16/2025— que tuvo que ser sustituido y volver a tramitarse. Según el Gobierno, la revalorización de 2026 supone unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. Con la documentación oficial del BOE, la afirmación de que las pensiones han subido cada año conforme al IPC real, con esa subida garantizada por ley, se considera verdadera, si bien el propio proceso de aprobación de la revalorización de 2026 evidenció fricciones parlamentarias en la tramitación del decreto correspondiente.

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre de 2023 —al inicio de la legislatura— había 849.535 personas en lista de espera quirúrgica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, con una demora media de 128 días y un 22,9% de pacientes esperando más de seis meses. A lo largo de 2024 la cifra llegó a empeorar de forma notable, con miles de personas más en lista y varios días más de demora media respecto a 2023, según los propios datos del Ministerio. Sin embargo, el último dato disponible, a 31 de diciembre de 2025, sitúa la lista de espera quirúrgica en 853.509 personas —solo 3.974 más que al inicio de la legislatura— con una demora media de 121 días, inferior a los 128 de 2023, y un 21% de pacientes esperando más de seis meses, también por debajo del dato inicial. Las cifras nacionales agregan realidades muy distintas entre comunidades autónomas, con diferencias de más de 100 días de demora media entre las que menos y las que más tardan. Con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la afirmación de que las listas de espera han empeorado de forma generalizada durante la legislatura no se sostiene en el balance global a cierre de 2025, aunque sí hubo un deterioro claro a mitad de periodo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) acumuló una subida del 22,9% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, mientras que los salarios crecieron de media un 17,1% en el mismo periodo, casi seis puntos por debajo de la inflación acumulada. La Encuesta Anual de Coste Laboral del INE sitúa el salario medio bruto anual en España en torno a 28.411 euros en 2025. El ritmo de subida salarial, además, se ha ido moderando: los incrementos interanuales pasaron del 3,1% en 2024 a apenas el 1% en 2025. Para haber mantenido el poder adquisitivo de finales de 2021, el salario medio actual debería rondar los 30.040 euros, unos 1.630 euros más de lo que efectivamente se percibe. En perspectiva más larga, el trabajador medio español cobra hoy, en términos reales, en torno a un 3,4% menos que en 2018. Con los datos oficiales del INE, la afirmación de que los salarios han crecido por debajo de los precios desde 2021, restando poder adquisitivo a los trabajadores, se considera verdadera.

El Pacto de Toledo, marco parlamentario de consenso sobre el sistema de pensiones, fue renovado por última vez con la aprobación en el Pleno del Congreso, el 19 de noviembre de 2020, de un informe con 22 recomendaciones. Ese mismo texto estableció el compromiso de realizar una revisión general de las recomendaciones y de evaluar su grado de cumplimiento transcurridos cinco años desde su aprobación, un plazo que se cumplía en noviembre de 2025. A la fecha de esta verificación, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso no ha aprobado ni publicado un nuevo informe de evaluación: según fuentes parlamentarias, los grupos han comenzado a preparar un plan de trabajo que arrancará con una ronda de comparecencias de expertos y agentes sociales, un paso previo a la elaboración de conclusiones. En este periodo sí se han aprobado por separado reformas concretas ligadas a recomendaciones del pacto, como el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que mejora la compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo, o el desarrollo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Con la información parlamentaria disponible, la revisión quinquenal completa de las recomendaciones del Pacto de Toledo prevista para 2025 no se ha concluido ni publicado a la fecha de esta verificación, por lo que la afirmación se considera falsa a día de hoy.

Según "Panorama de la Educación", la edición española del informe Education at a Glance de la OCDE, el gasto público en educación en España se situó en el 4,3% del Producto Interior Bruto, en la comparación internacional con metodología homogénea más reciente disponible. La media de los países de la OCDE se sitúa en el 4,9% del PIB, seis décimas por encima del dato español. En términos absolutos y con una serie distinta, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes cifra el gasto público educativo en 71.348,8 millones de euros en 2024, un 4,8% más que el año anterior, aunque esa cifra en euros corrientes no es directamente comparable con el porcentaje sobre PIB de la serie internacional, que usa un año de referencia distinto. España lleva más de una década situándose por debajo de la media de la OCDE en esta proporción, pese al aumento del gasto en términos nominales. Con los datos oficiales disponibles, la afirmación de que España dedica a la educación pública una proporción de su riqueza inferior a la media de los países desarrollados se considera verdadera.

El informe internacional PISA 2022 de la OCDE, publicado el 5 de diciembre de 2023 y recogido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, sitúa a España en 473 puntos en matemáticas, 474 en lectura y 485 en ciencias. La media de los países de la OCDE fue de 472 puntos en matemáticas, 476 en lectura y 485 en ciencias, prácticamente idéntica en los tres casos: España queda un punto por encima de la media en matemáticas, dos puntos por debajo en lectura y exactamente igual en ciencias, diferencias dentro del margen de error estadístico del estudio. Los resultados españoles sí muestran, respecto a ediciones anteriores de PISA, un descenso frente a los niveles previos a la pandemia, una tendencia compartida por buena parte de los países de la OCDE. Con los datos oficiales del informe, la afirmación de que los alumnos españoles están "muy por debajo" de la media de los países desarrollados no se sostiene: los resultados de España en PISA 2022 son, en la práctica, equivalentes a la media de la OCDE.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 203.969 personas obtuvieron en 2023 una autorización de residencia por arraigo, la vía de regularización más habitual para personas migrantes que ya se encuentran en España. Es una cifra cerrada del ejercicio 2023, la última con datos consolidados y publicados a la fecha de esta verificación. El nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024 (BOE-A-2024-24099) y en vigor desde mayo de 2025, simplifica los requisitos de varias figuras de arraigo, y el Gobierno ha estimado que esta reforma podría facilitar la regularización de hasta 900.000 personas en un plazo de tres años; se trata de una proyección gubernamental, no de una cifra ya alcanzada, y no debe confundirse con el dato cerrado de 2023. A ello se suma un proceso de regularización extraordinaria en curso entre abril y junio de 2026 para personas que acrediten presencia en España antes del 1 de enero de 2026, según el propio Ministerio. Con los datos oficiales cerrados disponibles, la afirmación sobre las más de 200.000 regularizaciones por arraigo en 2023 se considera verdadera.

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística, publicado el 7 de septiembre de 2026, situó la subida interanual del precio de la vivienda en compra en el 12,2% en el segundo trimestre de 2026, con la vivienda nueva encareciéndose un 7,4% y la de segunda mano un 12,9%. Es un ritmo muy superior al de los precios generales: el Índice de Precios de Consumo (IPC) del propio INE viene registrando subidas interanuales muy por debajo de esa cifra en los últimos trimestres, del entorno del 2-3% anual. La vivienda encadena ya varios trimestres consecutivos de crecimiento acelerado, impulsada por una oferta que no cubre la demanda en las principales áreas urbanas, según el propio INE y el Banco de España. Con los datos oficiales del IPV, la afirmación de que el precio de la vivienda en compra sigue subiendo con fuerza en España, muy por encima de la inflación general, se considera verdadera.

Según el informe Health at a Glance: Europe 2024 de la OCDE, publicado en noviembre de 2024 con datos de 2022, España cuenta con 4,4 médicos en ejercicio por cada 1.000 habitantes, por encima de la media de la Unión Europea (4,2) y de la media de la OCDE (3,9). Conviene no confundir esta cifra con la que ofrece el INE en su Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, que mide colegiación y no ejercicio efectivo de la profesión: en 2024 había 310.558 médicos colegiados en España, una tasa de 6,33 por cada 1.000 habitantes, sensiblemente más alta porque incluye a colegiados que no ejercen activamente. Ambas series son oficiales pero miden cosas distintas, lo que explica las cifras dispares que circulan sobre este dato. Con la serie internacional homologada de la OCDE, que es la que permite la comparación entre países, la afirmación de que España tiene más médicos en activo por habitante que la media de la Unión Europea se considera verdadera.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes cifró en enero de 2025, con datos de la Encuesta de Población Activa del INE, la tasa de abandono escolar temprano de España en el 13% en 2024, un mínimo histórico y 0,7 puntos menos que en 2023. Es una de las tasas más altas de la Unión Europea, muy por encima de la media comunitaria, pero no la más alta: Rumanía encabeza esa clasificación con un 16,6%, según los mismos datos comparados de Eurostat. España ocupa así el segundo lugar de la Unión Europea en abandono escolar temprano, no el primero. La tendencia de fondo es descendente desde hace más de una década —España llegó a superar el 30% de abandono escolar a comienzos de los años 2000—, aunque la cifra sigue lejos del objetivo europeo del 9% para 2030. Con los datos oficiales disponibles, la afirmación de que España tiene la tasa más alta de la Unión Europea es falsa: es la segunda, por detrás de Rumanía.

Según la Estadística sobre Actividades de I+D del INE, correspondiente a 2024, el gasto en investigación y desarrollo en España alcanzó los 23.931 millones de euros, un 6,9% más que en 2023, lo que sitúa la inversión en el 1,5% del Producto Interior Bruto. La media de la Unión Europea se mantiene en torno al 2,2% del PIB, un nivel prácticamente estable desde 2018, según Eurostat. La distancia entre España y la media europea en esta proporción ronda así los 0,7 puntos porcentuales, una brecha que se mantiene pese a los sucesivos incrementos anuales del gasto español en términos absolutos, porque el PIB también crece y porque otros países de la Unión Europea invierten a un ritmo mayor. Con los datos oficiales del INE y Eurostat, ambas partes de la afirmación —que España invierte menos que la media europea y que ese gasto crece cada año— se consideran verdaderas.

La Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, con datos definitivos de 2024 publicados el 28 de mayo de 2026, sitúa el salario medio bruto anual de las mujeres en 26.904,90 euros frente a 32.057,55 euros de los hombres, lo que arroja una brecha salarial del 16,1%. Es la brecha bruta no ajustada, es decir, no descuenta diferencias de jornada, sector o antigüedad entre hombres y mujeres, que explican una parte del diferencial. El Ministerio de Igualdad ha citado en ocasiones anteriores una cifra distinta, del 15,74% referida a 2023, calculada con una metodología distinta a la del INE, lo que explica que circulen cifras algo diferentes sobre esta misma brecha. Con la fuente primaria del INE, que es la Encuesta Anual de Estructura Salarial, la afirmación de que la brecha salarial de género en España supera el 16% se considera verdadera.