¿Qué es la financiación singular catalana y por qué genera debate?

De dónde viene la idea

España tiene, en realidad, dos modelos de financiación autonómica conviviendo desde 1978. Quince comunidades autónomas —incluida Cataluña, hasta ahora— forman parte del llamado régimen común, regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980: ceden parte de sus impuestos al sistema estatal, reciben transferencias y fondos de nivelación, y el conjunto se reparte con criterios de población, dispersión geográfica y otros factores. País Vasco y Navarra, en cambio, tienen un régimen foral —el Concierto Económico y el Convenio, respectivamente— basado en derechos históricos: son ellos quienes recaudan casi todos los impuestos en su territorio y después pagan al Estado una cantidad (el "cupo" o la "aportación") por los servicios comunes que este presta.

ERC lleva más de una década reclamando algo parecido para Cataluña. El Estatut de Autonomía de 2006 ya incluía una disposición sobre una "financiación singular" catalana, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 recortó buena parte de ese contenido, en un fallo que marcó un antes y un después en la relación entre el independentismo catalán y el Estado.

El acuerdo de 2024

En julio de 2024, el PSC y ERC firmaron un acuerdo de investidura para que Salvador Illa fuera elegido presidente de la Generalitat, que incluía el compromiso de desarrollar esa financiación singular. Sus elementos centrales son:

• La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumiría de forma progresiva la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos generados en territorio catalán, algo que hoy hace mayoritariamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• El acuerdo fija el primer semestre de 2025 como plazo para formalizar el modelo en la comisión bilateral Generalitat-Estado.
• ERC ha insistido en que no se trata ni de un concierto económico (como el vasco) ni de un simple pacto fiscal, sino de un modelo distinto basado en la "singularidad" y la relación "bilateral" con el Estado, al margen del sistema común.

Por qué genera debate

La controversia tiene varias capas. La primera es política: gobiernos autonómicos del régimen común —Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, entre otros— han denunciado que un modelo bilateral para Cataluña rompería el principio de solidaridad interterritorial y crearía, de facto, una financiación "de dos velocidades" dentro del propio régimen común.

La segunda es técnica: el acuerdo habla de que Cataluña seguiría contribuyendo a la solidaridad con el resto de España mediante una "cuota" o aportación, pero no concreta cómo se calcularía esa cifra ni qué garantías tendrían el resto de comunidades de que la aportación catalana no se reduciría con el nuevo modelo.

La tercera es jurídica: trasladar la recaudación de la gran mayoría de los impuestos a una agencia tributaria catalana exigiría, según numerosos juristas consultados por distintos medios, una reforma de la LOFCA e incluso, para algunos elementos, cambios que podrían rozar la reforma constitucional, dado el diseño actual del sistema de financiación en el Título VIII de la Constitución.

El PP y Vox han calificado el acuerdo de trato de favor a cambio de apoyos parlamentarios a Pedro Sánchez; el PSOE y ERC sostienen que el nuevo modelo no perjudicaría a las demás comunidades autónomas.

En qué punto está

La comisión bilateral Generalitat-Estado alcanzó un acuerdo sobre financiación singular el 14 de julio de 2025, algo más tarde del plazo inicialmente previsto para el primer semestre de ese año. El pacto incluye la cesión de tramos del IVA, cifras de "ordinalidad" garantizadas de cara a 2027 y el compromiso de que la Generalitat asuma la recaudación, gestión, liquidación e inspección de los tributos generados en Cataluña, con más capacidad normativa. Queda fuera, por ahora, la gestión integral del IRPF y cualquier fórmula equivalente al concierto económico vasco: Cataluña sigue formalmente dentro del régimen común, y el acuerdo funciona en la práctica como un modelo "a medida" dentro de ese régimen, no como una salida de él. A la fecha de esta actualización no se ha aprobado ninguna reforma legal de la LOFCA que traslade el acuerdo a norma con rango de ley, y Junts —fuera del pacto PSC-ERC— sigue presionando por un concierto económico pleno, lo que mantiene el debate político abierto sobre hasta dónde debe llegar el modelo.